Asimismo, el Ejército ha recalcado que tiene «cero tolerancia con todo lo que está al margen de ley”.

El Ejército de Ecuador informó este martes sobre el arresto de cuatro militares en servicio activo pertenecientes a la provincia de Imbabura (norte), quienes estarían involucrados en un delito de minería ilegal lo que deja claro el avance de la corrupción en el país suramericano.

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En el comunicado, el Ejército apuntó que brindará a las autoridades judiciales todas las facilidades requeridas para que pueda aclararse el caso.

La entidad militar ecuatoriana ha recalcado que tiene «cero tolerancia con todo lo que está al margen de ley”.

Por ello, el Ejército añade que estas acciones “en contra de los valores y principios institucionales y que trasgreden el honor y la disciplina, serán sancionadas radicalmente en estricto cumplimiento a las normativas administrativas disciplinarias vigentes, como las judiciales correspondientes».

“En la parroquia Buenos Aires, en Imbabura, fueron detenidos cuatro miembros activos del Ejército, junto a otros ciudadanos, por el presunto delito de minería ilegal”, subraya el comunicado. Se trasladaban en un transporte de uso militar y se le requisaron armas, municiones y material extraído.

No obstante, que de los 14 detenidos por el delito en la minería ilegal, cuatro pertenezcan al ejército deja ver el nivel de corrupción dentro de las filas estatales del Ecuador.

También este martes, el Ministerio Público informó que ordenó la prisión preventiva para 23 personas, entre ellas dos militares en servicio activo. Se sospecha que forman parte de los grupos terroristas conocidos como Chone Killers y Las Águilas. Fueron identificados como Alan Gustavo A. G. y Christopher Jesús C. B.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, inició desde inicio de este año, una serie de medidas en contra el crimen organizado y en la categoría de «conflicto armado interno».

Ello dio a paso que el mandatario ecuatoriano nombrara a los criminales como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales.

En cambio, el Gobierno atribuye ola de violencia solo a las bandas del crimen organizado, culpable de que los números de homicidios per cápita se registren en  47,2 por cada 100.000 habitantes, esto, de acuerdo con los datos del año 2023 publicados por el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO).

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